La Diputación Foral de Bizkaia ha dado el paso definitivo para estrenar un nuevo impuesto sobre las estancias turísticas que afectará a quienes se alojen en hoteles, apartamentos, agroturismos o cruceros en el territorio. La norma foral, ya aprobada como anteproyecto por el consejo de Gobierno foral, se enviará ahora a las Juntas Generales, donde se prevé su ratificación en junio y su entrada en vigor efectiva a partir del 1 de enero de 2027.
Se trata de un tributo local de carácter obligatorio para todos los municipios vizcaínos, aunque serán los ayuntamientos quienes lo gestionen, cobren y definan sus tipos concretos dentro de unas horquillas fijadas por la Norma Foral. El objetivo declarado es que las personas visitantes contribuyan a sufragar el coste adicional de los servicios públicos en los momentos de mayor presión turística, alineando a Bizkaia con otros territorios de España y Europa que ya aplican una tasa similar.
Qué grava la nueva tasa turística y quién será el contribuyente
El nuevo impuesto se aplicará a cada estancia turística, con o sin pernoctación, en los distintos tipos de alojamiento del territorio: hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, campings, agroturismos y otros establecimientos reglados. También se someterán al gravamen las escalas de cruceros que fondeen o amarren en los puertos de Bizkaia, computándose el tiempo que permanezcan en el puerto como unidades de estancia.
Serán contribuyentes las personas físicas que efectúen la estancia, tanto en alojamientos en tierra como a bordo de buques de crucero. El impuesto se devenga en el momento en el que comienza el alojamiento o cuando el barco realiza escala en el puerto vizcaíno, de modo que la obligación de pago se genera desde el primer día o fracción de día en el establecimiento.
La base imponible se calcula según el número de «unidades de estancia» en un mismo alojamiento durante un periodo continuado. En alojamiento terrestre se considera, de forma general, cada día o fracción; en el caso de los cruceros, la norma fija como unidad cada tramo de veinticuatro horas o fracción desde el fondeo o el amarre de la embarcación.
Este diseño sitúa a Bizkaia en la línea de otros destinos europeos donde la presión turística se mide no sólo por el número de visitantes, sino por el tiempo efectivo que ocupan la infraestructura y los servicios locales, incorporando también a los cruceristas aunque su visita se limite a unas pocas horas en puerto.
Cuánto se pagará: tramos, límites y margen municipal
La cuantía final que abonará cada visitante dependerá tanto del tipo de establecimiento como de lo que decida cada ayuntamiento dentro de los márgenes de la Norma Foral. En términos generales, la horquilla aprobada permite cobrar entre 0,5 y 5 euros por persona y noche, con la opción de que determinados municipios puedan elevar el importe hasta los 7,5 euros mediante recargos.
Para evitar importes desproporcionados, la norma fija un límite máximo de cinco unidades de estancia por contribuyente en cada periodo continuado en el mismo alojamiento. Es decir, más allá de cinco noches seguidas en un hotel o apartamento, la tasa dejaría de acumularse, aunque la persona siga alojada en el establecimiento durante más días.
Los municipios con una oferta alojativa muy reducida, igual o inferior a 25 plazas, podrán establecer bonificaciones de hasta el 100 % de la cuota, es decir, dejar el impuesto en la práctica sin efecto si así lo consideran. En el otro extremo, los ayuntamientos con 750 o más plazas turísticas podrán aplicar un recargo de hasta el 50 % sobre el tipo base fijado, lo que elevaría el coste para el visitante hasta ese techo de 7,5 euros por persona y noche en los destinos con más presión turística.
En todo caso, los tipos concretos se aprobarán mediante ordenanza fiscal municipal. Si llegada la fecha de efectos de la Norma Foral un ayuntamiento no hubiera aprobado su ordenanza, se aplicarán de manera automática los tipos máximos previstos para cada categoría de alojamiento. De este modo, la Diputación garantiza que el impuesto será efectivo desde 2027 en todo el territorio, evitando vacíos por retrasos en la regulación local.
Entre las novedades introducidas a petición del primer sector destaca la creación de un tramo específico para los agroturismos, con el tipo más bajo de todo el sistema: entre 0,5 y 1,25 euros por persona y estancia. Esta rebaja reconoce el papel de este tipo de alojamientos en el medio rural y busca no desincentivar una modalidad de turismo ligada al territorio y a la actividad agraria.
Exenciones y casos especiales: quién quedará fuera del pago
El texto incorpora un amplio bloque de exenciones de carácter social, orientadas a proteger a colectivos vulnerables y situaciones que poco tienen que ver con el turismo de ocio. No tendrán que abonar el impuesto, entre otros supuestos, las personas con discapacidad igual o superior al 65 %, quienes cuenten con un grado de dependencia II o III, así como quienes se alojen en el territorio por motivos de salud, ya sea para recibir tratamiento, acompañar a pacientes u otras razones médicas.
También estarán exentas las estancias subvencionadas por programas sociales, por ejemplo viajes organizados por administraciones públicas o entidades sociales para colectivos específicos. Estas bonificaciones buscan evitar que la nueva tasa genere un sobrecoste añadido en iniciativas que ya tienen un claro componente social o asistencial.
Otro bloque destacado de exenciones se refiere a los supuestos de fuerza mayor. Cuando una persona tenga que alojarse en un establecimiento del mismo municipio donde reside porque su vivienda habitual no es habitable, el impuesto no se aplicará. La norma cita expresamente situaciones como obras, siniestros o circunstancias similares que impidan temporalmente vivir en la casa propia, equiparándolas a un caso de necesidad más que a una estancia vacacional.
Además, se ha introducido una cláusula específica para dar seguridad jurídica al sector: las reservas efectuadas antes del 5 de febrero de 2026, fecha que marcó el inicio de la fase de alegaciones del proyecto normativo, quedarán exoneradas del pago. Con ello se pretende reducir posibles conflictos y reclamaciones relacionadas con contratos cerrados antes de conocerse con detalle el contenido de la tasa turística.
A estas exenciones de carácter social se suman las que cada municipio pueda incorporar en sus ordenanzas, siempre que respeten el marco general de la Norma Foral y no desvirtúen la naturaleza del tributo. La idea de fondo es que el impuesto recaiga sobre el turismo efectivo y no sobre quienes se ven obligados a desplazarse o alojarse por causas ajenas al ocio.
Calendario, tramitación y coordinación con el resto de Euskadi
La Diputación Foral ha aprobado el anteproyecto de Norma Foral en consejo de Gobierno y lo remite ahora a las Juntas Generales de Bizkaia, donde los grupos políticos debatirán y votarán el texto. La mayoría que suman PNV y PSE apuntala un trámite parlamentario sin sobresaltos y abre la puerta a que la aprobación definitiva llegue, según las previsiones forales, en el mes de junio.
Una vez superada la votación en Juntas, la Norma Foral se publicará en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB), momento a partir del cual entrará formalmente en vigor. No obstante, sus efectos tributarios están fijados para el 1 de enero de 2027, fecha en la que comenzará la aplicación efectiva del impuesto en todos los municipios vizcaínos, siempre que estos hayan aprobado sus ordenanzas fiscales o, en su defecto, les resulten de aplicación los tipos máximos.
Este calendario no es exclusivo de Bizkaia. Las tres diputaciones vascas han acordado, junto con la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), una entrada en vigor unificada del impuesto turístico en todo Euskadi. Álava inició la tramitación de su norma el mismo martes en que Bizkaia aprobó su anteproyecto y Gipuzkoa puso en marcha el proceso unas semanas antes. Con esta coordinación se ha descartado el planteamiento inicial, que permitía a algunos municipios pioneros aplicar la tasa antes que otros.
La decisión de fijar una misma fecha para todo el territorio responde al propósito de evitar desigualdades territoriales y escenarios de competencia entre destinos cercanos. Así, se impide que una ciudad o comarca pueda retrasar indefinidamente la implantación del gravamen y aprovecharlo como ventaja comparativa frente a otras localidades vascas que sí lo apliquen desde el primer día.
El nuevo impuesto implica también la modificación de la Norma Foral de Haciendas Locales, de forma que el tributo se integre plenamente en el sistema fiscal municipal. Los ayuntamientos gestionarán el 100 % de la recaudación, que podrá destinarse a reforzar servicios públicos, mejorar infraestructuras o impulsar políticas de promoción turística, según determinen en sus presupuestos.
Impacto económico, contexto turístico y reacciones del sector
La Diputación de Bizkaia estima que, una vez consolidado, el impuesto puede suponer para los municipios una recaudación anual de entre 10 y 20 millones de euros, en función de la evolución del turismo, de los tipos que se fijen y de si las grandes ciudades optan por aplicar o no el máximo de la horquilla y los recargos adicionales permitidos.
La puesta en marcha de la tasa llega en un momento en el que el sector turístico empieza a mostrar signos de desaceleración tras varios ejercicios de cifras récord. Los últimos datos disponibles apuntan a una caída de visitantes en los hoteles vizcaínos, con un descenso cercano al 1,2 % en febrero respecto al año anterior, en un contexto en el que también se han registrado bajadas en el conjunto de Euskadi, especialmente en Gipuzkoa y su capital, San Sebastián.
Responsables del área de turismo del Gobierno vasco consideran que esta moderación responde a un fenómeno más amplio de enfriamiento del crecimiento tras el impulso que siguió a la pandemia, y señalan que es pronto para extraer conclusiones con sólo uno o dos meses de estadísticas. Entre los factores que se barajan figuran la meteorología adversa en invierno, el impacto del contexto geopolítico internacional y la presión de la inflación, que encarece desplazamientos y estancias.
Desde el sector hotelero vizcaíno han surgido voces críticas con el nuevo tributo. La asociación Destino Bilbao, que agrupa a una treintena de establecimientos, advierte de que la tasa puede hacer que Bizkaia pierda competitividad frente a otros destinos que no aplican un recargo similar. Su portavoz, Txema Oteo, ha alertado de que el coste adicional puede pesar en la decisión de algunos viajeros y organizadores de eventos, y cuestiona que la figura esté justificada en un territorio donde, a su juicio, no se dan problemas de masificación comparables a los de otros puntos del Estado.
Estos representantes empresariales también reclaman que los ingresos se destinen de forma clara a mejorar el posicionamiento del destino: reforzar la promoción turística, modernizar servicios o apoyar la comercialización de la oferta. Al mismo tiempo, han puesto el foco en la necesidad de un mayor control sobre las viviendas de uso turístico, para evitar que parte del alojamiento quede fuera del radar fiscal y se genere un agravio comparativo con los hoteles y otros alojamientos reglados.
A pesar de las reservas y de la incertidumbre económica, el sector encara periodos clave como la Semana Santa con previsiones razonablemente positivas, en torno al 80 % de ocupación en algunos municipios. La expectativa general es que, con o sin nuevo impuesto, el volumen de turistas a final de año se mantenga en niveles similares a los de ejercicios recientes, en torno a los cinco millones de visitantes en el conjunto de Euskadi.
Con la aprobación del impuesto turístico, Bizkaia se suma de forma decidida a la tendencia que ya siguen numerosos destinos en España y Europa, articulando un sistema que combina tipos máximos relativamente moderados, amplias exenciones sociales y un fuerte margen de autonomía municipal. El éxito de la medida dependerá, en buena parte, de cómo los ayuntamientos diseñen sus ordenanzas, gestionen la recaudación y consigan que la ciudadanía perciba que el esfuerzo adicional que se exige a las personas visitantes se traduce en servicios públicos de mayor calidad y en un modelo turístico más equilibrado para el territorio.
